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Benidorm cede con tres años de retraso el suelo para el segundo hospital de la Marina Baixa

S. CASTILLO - Benidorm EL PAÍS - 03-11-2006

El Ayuntamiento de Benidorm ha tardado tres años en formalizar la cesión de una parcela para la ubicación del segundo hospital de la Marina Baixa, lo que según el PSPV, ha retrasado la puesta en marcha de un servicio necesario en la segunda comarca a la cola en inversión sanitaria por parte del Consell, que recibe además una gran presión asistencial por ser zona turística.

El 28 de octubre de 2003 se aprobó por unanimidad en la comisión informativa de urbanismo del Ayuntamiento la cesión de tres terrenos en partidas diferentes para que Sanidad eligiera una de ellas. Uno de los terrenos pertenecía a la Sociedad Parques Temáticos, junto a Terra Mítica, y tenía como principal ventaja según los informes que ya tenía los accesos construidos. La consejería tardó dos años en contestar y se decantó por una parcela colindante con L'Alfàs del Pi, de propiedad privada. El pleno municipal de Benidorm aprobó esta semana por unanimidad iniciar el procedimiento de adquisición de 58.980 metros cuadrados, uno de los primeros requisitos de los trámites para la construcción del nuevo hospital sociosanitario. PP y PSPV pactaron retirar del texto de la propuesta la referencia a esta condición, ya que los socialistas intentan que sea finalmente de agudos, en una zona en la que todos los indicadores ponen de manifiesto que es una necesidad incrementar el número de camas por mil habitantes, situado en el 1,3%, cuando la media de la Comunidad es del 1,9% y la española del 3%. Además, el índice de ocupación de este centro es del 80,5%, cuando la media de la Comunidad es del 79,1%, tan solo superado por la Marina Alta y La Plana, ambas comarcas con proyectos en marcha. La secretaria general del PSPV, Maite Iraola, calificó de "necesidad imperiosa" el segundo hospital y culpó a los populares de lanzar "cortinas de humo y promesas electorales que nunca cumplen". El PP señala en su defensa la inversión realizada durante los últimos años en la atención primaria, con la inauguración de varios centros de salud.

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El 70,4% de la inversión de Valencia se contrata sin concurso, según la auditoría

Esquerra Unida denuncia que la adjudicación "a dedo" vulnera la libre concurrencia

S. V. - Valencia EL PAÍS - 26-09-2006

Gran parte de la inversión del Ayuntamiento de Valencia se realiza por encargo a las contratas y concesionarias municipales y la empresa Aumsa. Nada menos que el 70,4% del gasto de inversión de 2005 se adjudicó sin concurso, según la auditoría del Consistorio. El interventor señala que únicamente el 32,5% de las nuevas licitaciones se somete a concurso o subasta. Estos contratos "sólo alcanzan un 14,3% del gasto contratado frente a un 39,8% en 2003 y más del 55% en 2004".
EU-L'Entesa denunció que el PP vulnera la libre concurrencia y éste alegó que es más "ágil" adjudicar sin concurso. La auditoría que anualmente redacta la Intervención General sobre gastos e ingresos del Ayuntamiento de Valencia, que hoy se tratará en la comisión de Hacienda, revela vicios y reparos de informes anteriores, como el exceso de contratación sin cobertura presupuestaria ni fiscalización previa o el reconocimiento de facturas fuera de plazo. Pero en el capítulo de las inversiones, que adelantó ayer la Cadena SER, el interventor destaca "cierta variación respecto de auditorías anteriores", ya que se mantiene la tónica de que gran parte de las inversiones se encargue directamente a concesionarias, contratas o Aumsa, pero se aprecia "cierto aumento en su importancia relativa en términos económicos". Dicho de otra manera, el 47,5% de la contratación responde al encargo directo, pero "representa un 70,4% del gasto total en inversiones contratado por el Ayuntamiento" -66,1 millones de euros sobre un total de 94,2- y "esta cifra es claramente superior a la de ejercicios anteriores".
Mientras, "las nuevas licitaciones en sentido estricto", o sea por concurso, subasta, procedimiento negociado sin publicidad o contratos menores, sólo alcanzan el 32,5% de las contrataciones con un gasto mucho menor, del 14,5% del total, un porcentaje que era del 39,8% en 2003 y ascendió al 55% en 2004.Únicamente el 12,4% del gasto (11,6 millones) responde a adjudicaciones por concurso. Las concesionarias se adjudican directamente el 17,3% y las contratas el 21,7%, mientras que a la empresa pública Aumsa se deriva el 31,4%. "No podemos estar con ese porcentaje de concursos, eso al final a los ciudadanos les cuesta dinero", criticó ayer la concejal de EU-L'Entesa María Victoria González.
La contratación directa, siempre a un grupo reducido de empresas, "no garantiza que las obras estén mejor realizadas y tampoco que estén en el tiempo que figuraría en un pliego de condiciones", indicó González, que acusó al gobierno que encabeza Rita Barberá de "vulnerar la ley de contratos" y adjudicar "a dedo" sin respetar "el principio de libre concurrencia".
Para la formación, el Ayuntamiento evita los concursos por falta de liquidez, ya que con las concesionarias puede diferir el pago. La estadística del interventor abarca contratos firmados en otros ejercicios que se auditan ahora porque generaron un gasto en 2005. Pero también faltan expedientes -por estar en trámite de liquidación, por ejemplo- que suponen nada menos que el 41,3% del gasto en inversiones, lo que se recoge en "incidencias" y queda pendiente de auditar.
El informe señala, además, "de interés incidir" en la falta de información en los expedientes "sobre las causas de los retrasos" en un porcentaje "relevante" de obras. Dada "la relevancia de los excesos de obra", también pide mejores proyectos y memorias económicas "para ajustarlos a la realidad del gasto a realizar". En otro apartado, se reprochan al gobierno local prácticas como la adjudicación de obras a contratas por encima del importe previsto en sus pliegos y la "ausencia" de informes "justificativos del encargo a Aumsa o a la contrata".
La auditoría resalta asimismo el gasto en ejercicio cerrado y sin aprobación previa de aportaciones a la entidad metropolitana de residuos. Estas aportaciones destacan entre los 58,8 millones de reconocimiento de créditos generados en 2004 y que se han trasladado a otros ejercicios. El interventor alaba, en cambio, "la correcta aplicación" de los contratos de préstamos y su amortización. El concejal de Hacienda, Silvestre Senent, restó importancia a los reparos de la auditoría y alegó que es más "ágil" contratar sin concurso. El edil admitió que "sería mejor" contar con más ofertas, pero insistió en que es legal prescindir de ellas y dar la obra a una contrata. Senent explicó ayer la cuarta modificación de crédito de este presupuesto, 8,7 millones que servirán en parte para pagar la deuda de 2,2 con la empresa de recaudación de multas.

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El Consell aplazará pagos a otros años para eliminar las 'facturas en el cajón'

La Ley de Acompañamiento resuelve el problema denunciado por el Síndic de Comptes

EL PAÍS - Valencia
EL PAÍS - 15-10-2006

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2007 vuelve a ser este año el cajón de sastre con el que el Consell despacha cada ejercicio múltiples modificaciones normativas y legislativas sin necesidad de aprobar leyes específicas. El anteproyecto presentado a finales de septiembre modifica hasta 14 leyes, entre ellas la de Hacienda. Y esta última, con un objetivo: legalizar las llamadas facturas en el cajón -obligaciones de pago no reconocidas- al abrir la posibilidad de que el Consell impute gastos a ejercicios futuros sin el visto bueno de la Intervención. La Ley de Acompañamiento también supondrá la práctica desaparición de los impuestos de sucesiones y de donaciones. Con el cambio en la Ley de Hacienda que el Consell introduce a través de la Ley de Acompañamiento, cuando en el ejercicio no exista "crédito presupuestario adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones pendientes" y no se estime conveniente incoar un expediente de concesión de crédito extraordinario o de suplemento de crédito como prevé la Ley de Hacienda, se podrá recurrir a un "programa de imputación presupuestaria con cargo a anualidades futuras". (...)

Esta posibilidad no tiene otro objetivo que el de legalizar las facturas en el cajón -que corresponden a gastos que se autorizan a pesar de que no tienen consignación presupuestaria- y que el Gobierno literalmente esconde -de manera que escapan al control, porque no se reflejan en los estados contables a final del ejercicio-, en lugar de utilizar el sistema del crédito extraordinario, que sí tiene que ser hecho público. Además, elude el trámite de la fiscalización previa de la Intervención General de la Generalitat, que condiciona la autorización de un expediente de gasto a la existencia de crédito suficiente.

Según el último informe de la Sindicatura de Comptes, correspondiente al ejercicio de 2004, las facturas en el cajón sumaban, sólo en la Consejería de Sanidad -departamento que tradicionalmente ha utilizado este sistema- un total de 1.240 millones de euros, más del 10% del presupuesto de la Generalitat. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, aseguró a finales de 2005, al ser preguntado al respecto, que el Consell acabaría en 2007 con las obligaciones no reconocidas en el presupuesto en materia sanitaria y que para ello estudiaba varias posibilidades, que no precisó.

Todo parece indicar que la vía elegida para acabar con las facturas en el cajón es, simplemente, la de abrir la posibilidad de imputar gastos a ejercicios futuros. Y que los paguen los gobiernos venideros. Porque, entre otras cosas, como remarca Cristina Moreno, portavoz de Economía del Grupo Socialista de las Cortes Valencianas, el anteproyecto de Ley de Acompañamiento no especifica ningún tipo de limitación para la aplicación de esta medida, si será excepcional o si se podrá recurrir a ella de manera habitual.

En todo caso, se trata de un nuevo intento, recuerda, de resolver el problema de las facturas en el cajón, después del llamado confirming, un descuento bancario mediante el cual la Generalitat lava deuda con sus proveedores. Este sistema permite que la Generalitat sólo contabilice como deuda los intereses que debe pagar a los bancos que anticipan el dinero a los proveedores, que, eso sí, para acogerse a este sistema deben renunciar a los intereses de demora, algo que muchos de ellos, con largos periodos, no han aceptado.

Aparte de la Ley de Hacienda, el anteproyecto de ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio de 2007 prevé modificar otros textos legales vigentes, como la Ley de Tasas, la de Función Pública, la de Creación del Consell Jurídic Consultiu (CJC) o la que regula el tramo autonómico de IRPF. Respecto a esta última, destacan la deducción de 400 euros al año por cada hijo de cuatro y cinco años de la que se podrán beneficiar las mujeres trabajadoras, o la eliminación de los impuestos de sucesiones y de donaciones, que a lo largo de los dos últimos ejercicios ya habían sido reducidos. El primero desaparece casi totalmente para ascendientes, descendientes y cónyuges y el Consell ha calculado que casi 50.000 ciudadanos quedarán exentos de pagar ese impuesto, lo que supondrá para las familias valencianas un ahorro superior a los 150 millones de euros anuales. Por lo que respecta al segundo, la modificación que se introduce supone que las donaciones inter vivos de hijos a padres y de padres a hijos no tributarán, excepto cuando el valor de los bienes donados rebase los 420.000 euros y cuando el patrimonio del beneficiario supere los 2 millones de euros. El Consell calcula en este caso que unos 9.000 valencianos se beneficiarán cada año de esta medida, con un ahorro superior a los 11 millones de euros. Los principales beneficiarios de esta medida son las familias de renta media y media alta.

El cambio de la ley del CJC responde a una sugerencia que el máximo responsable del órgano consultivo de la Generalitat, Vicente Garrido, hizo el pasado verano y tiene el objetivo de establecer un tope de 3.000 euros por debajo del cual en los expedientes de responsabilidad patrimonial de las Administraciones no será preceptiva la consulta al organismo. Sin embargo, el Consell no ha recogido otra sugerencia que hizo Garrido: que el dictamen del CJC para las proposiciones de ley fuera vinculante.

Crítica a una ley 'cajón de sastre'

Los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas hace tiempo que denuncian lo que consideran un abuso: la utilización de la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat -más conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat- para eludir el trámite parlamentario. Mediante esa ley, el Consell elude cada año el debate de iniciativas legislativas que deberían ser objeto de discusión separada en la Cámara. Se trata, denuncian año tras año los grupos de la oposición, de una ley 'cajón de sastre' con la que el Consell cuela toda una serie de asuntos que en muchos casos merecerían ser objeto de un debate específico y que, al ser incluidas en la Ley de Acompañamiento, escapan al trámite parlamentario habitual, de manera que no se someten a enmiendas ni a discusión pormenorizada, de forma que el Consell elude el debate político de esas cuestiones. "Es una forma de eludir el debate parlamentario" señalan tanto desde el PSPV como desde Esquerra Unida-L'Entesa. "Si hay leyes que se tienen que modificar, que se cambien cuando sea necesario, pero no tiene sentido que algunas, como la Ley de Hacienda, se toquen todos los años". La portavoz de Economía del PSPV en las Cortes, Cristina Moreno, niega que la Ley de Acompañamiento sea "necesaria", como defiende el Consell: "El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha demostrado que se pueden hacer unos presupuestos sin ley de acompañamiento".

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La deuda valenciana tiene la peor nota entre las de 21 administraciones

La Generalitat figura en el último lugar en la clasificación de la agencia internacional Fitch

MIGUEL OLIVARES - Valencia
EL PAÍS - 30-07-2006

La deuda pública de la Generalitat valenciana es la segunda por volumen absoluto entre las 17 comunidades autónomas españolas, la primera en relación al PIB regional y la más alta por habitante. Pero acaba de obtener otra distinción singular: tiene la peor nota entre las 21 administraciones públicas que emiten obligaciones calificadas por la agencia internacional Fitch en España.

Casi todas las administraciones públicas supervisadas por Fitch en España reciben una calificación AA para sus actuales emisiones de deuda a largo plazo. La Comunidad Autónoma del País Vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa son las únicas que obtienen AAA, la calificación que garantiza la máxima seguridad al inversor y la que disfruta, además, la deuda emitida por el Reino de España. La Comunidad Valenciana es la única Administración con la calificación A+. La vocal va acompañada de un signo positivo, pero sigue siendo una sola letra. La nota se repite en la calificación de la deuda a corto plazo. Todas las administraciones locales o autonómicas españolas calificadas por Fitch reciben la nota F1+. La Comunidad Valenciana es la única calificada F1.

Un portavoz de Fitch explica genéricamente que todas las emisiones calificadas con A son consideradas seguras. Las emisiones especulativas reciben la calificación B. Los motivos de la revisión de las emisiones de deuda pública de positivas a estables se explican a través de una nota: "La principal debilidad de Valencia continúa siendo su actuación presupuestaria, que ha contribuido, en parte, al incremento del nivel de deuda, y también un sector público autonómico que ha recurrido al endeudamiento para financiar planes de inversión".

Los técnicos de la agencia, contratada al fin y al cabo por la Consejería de Hacienda de la Generalitat, que dirige Gerardo Camps, destacan algún aspecto positivo a pesar de recortar la nota: "Fitch Ratings reconoce que la Comunidad ha logrado una mejora significativa durante 2005, como muestra su margen de ahorro bruto sobre los ingresos corrientes que alcanzó 9,6% comparado al 5,5% en 2003, año en el cual la comunidad autónoma obtuvo un déficit de 702 millones de euros, lo que le obligó a presentar un plan económico y financiero al gobierno central". Pero, a continuación advierten de que "las perspectivas estables consideran que el déficit total debería continuar disminuyendo gradualmente, y la comunidad autónoma debería presentar cuentas equilibradas en 2008", de acuerdo con el plan de estabilidad presupuestaria pactado en el Consejo Nacional de Política Fiscal y Financiera que preside Pedro Solbes, vicepresidente económico del Gobierno, y reúne a los consejeros de Hacienda de todas las comunidades autónomas. Y deslizan algunos problemas predecibles: "Mientras tanto, es muy probable que la presión sobre los gastos continúe, en parte, debido al incremento de población".

Los deberes que debe acometer la Generalitat para recuperar una calificación AAA están muy claros: "Una confirmación en la mejora de la actividad presupuestaria junto a la reducción de la deuda de su sector público empresarial serán factores clave para revisar las perspectivas de Valencia a positivas".