Este sigue siendo el salvaje Este (PP) viii (b)

El Consell aplazará pagos a otros años para eliminar las 'facturas en el cajón'

La Ley de Acompañamiento resuelve el problema denunciado por el Síndic de Comptes

EL PAÍS - Valencia
EL PAÍS - 15-10-2006

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2007 vuelve a ser este año el cajón de sastre con el que el Consell despacha cada ejercicio múltiples modificaciones normativas y legislativas sin necesidad de aprobar leyes específicas. El anteproyecto presentado a finales de septiembre modifica hasta 14 leyes, entre ellas la de Hacienda. Y esta última, con un objetivo: legalizar las llamadas facturas en el cajón -obligaciones de pago no reconocidas- al abrir la posibilidad de que el Consell impute gastos a ejercicios futuros sin el visto bueno de la Intervención. La Ley de Acompañamiento también supondrá la práctica desaparición de los impuestos de sucesiones y de donaciones. Con el cambio en la Ley de Hacienda que el Consell introduce a través de la Ley de Acompañamiento, cuando en el ejercicio no exista "crédito presupuestario adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones pendientes" y no se estime conveniente incoar un expediente de concesión de crédito extraordinario o de suplemento de crédito como prevé la Ley de Hacienda, se podrá recurrir a un "programa de imputación presupuestaria con cargo a anualidades futuras". (...)

Esta posibilidad no tiene otro objetivo que el de legalizar las facturas en el cajón -que corresponden a gastos que se autorizan a pesar de que no tienen consignación presupuestaria- y que el Gobierno literalmente esconde -de manera que escapan al control, porque no se reflejan en los estados contables a final del ejercicio-, en lugar de utilizar el sistema del crédito extraordinario, que sí tiene que ser hecho público. Además, elude el trámite de la fiscalización previa de la Intervención General de la Generalitat, que condiciona la autorización de un expediente de gasto a la existencia de crédito suficiente.

Según el último informe de la Sindicatura de Comptes, correspondiente al ejercicio de 2004, las facturas en el cajón sumaban, sólo en la Consejería de Sanidad -departamento que tradicionalmente ha utilizado este sistema- un total de 1.240 millones de euros, más del 10% del presupuesto de la Generalitat. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, aseguró a finales de 2005, al ser preguntado al respecto, que el Consell acabaría en 2007 con las obligaciones no reconocidas en el presupuesto en materia sanitaria y que para ello estudiaba varias posibilidades, que no precisó.

Todo parece indicar que la vía elegida para acabar con las facturas en el cajón es, simplemente, la de abrir la posibilidad de imputar gastos a ejercicios futuros. Y que los paguen los gobiernos venideros. Porque, entre otras cosas, como remarca Cristina Moreno, portavoz de Economía del Grupo Socialista de las Cortes Valencianas, el anteproyecto de Ley de Acompañamiento no especifica ningún tipo de limitación para la aplicación de esta medida, si será excepcional o si se podrá recurrir a ella de manera habitual.

En todo caso, se trata de un nuevo intento, recuerda, de resolver el problema de las facturas en el cajón, después del llamado confirming, un descuento bancario mediante el cual la Generalitat lava deuda con sus proveedores. Este sistema permite que la Generalitat sólo contabilice como deuda los intereses que debe pagar a los bancos que anticipan el dinero a los proveedores, que, eso sí, para acogerse a este sistema deben renunciar a los intereses de demora, algo que muchos de ellos, con largos periodos, no han aceptado.

Aparte de la Ley de Hacienda, el anteproyecto de ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio de 2007 prevé modificar otros textos legales vigentes, como la Ley de Tasas, la de Función Pública, la de Creación del Consell Jurídic Consultiu (CJC) o la que regula el tramo autonómico de IRPF. Respecto a esta última, destacan la deducción de 400 euros al año por cada hijo de cuatro y cinco años de la que se podrán beneficiar las mujeres trabajadoras, o la eliminación de los impuestos de sucesiones y de donaciones, que a lo largo de los dos últimos ejercicios ya habían sido reducidos. El primero desaparece casi totalmente para ascendientes, descendientes y cónyuges y el Consell ha calculado que casi 50.000 ciudadanos quedarán exentos de pagar ese impuesto, lo que supondrá para las familias valencianas un ahorro superior a los 150 millones de euros anuales. Por lo que respecta al segundo, la modificación que se introduce supone que las donaciones inter vivos de hijos a padres y de padres a hijos no tributarán, excepto cuando el valor de los bienes donados rebase los 420.000 euros y cuando el patrimonio del beneficiario supere los 2 millones de euros. El Consell calcula en este caso que unos 9.000 valencianos se beneficiarán cada año de esta medida, con un ahorro superior a los 11 millones de euros. Los principales beneficiarios de esta medida son las familias de renta media y media alta.

El cambio de la ley del CJC responde a una sugerencia que el máximo responsable del órgano consultivo de la Generalitat, Vicente Garrido, hizo el pasado verano y tiene el objetivo de establecer un tope de 3.000 euros por debajo del cual en los expedientes de responsabilidad patrimonial de las Administraciones no será preceptiva la consulta al organismo. Sin embargo, el Consell no ha recogido otra sugerencia que hizo Garrido: que el dictamen del CJC para las proposiciones de ley fuera vinculante.

Crítica a una ley 'cajón de sastre'

Los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas hace tiempo que denuncian lo que consideran un abuso: la utilización de la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat -más conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat- para eludir el trámite parlamentario. Mediante esa ley, el Consell elude cada año el debate de iniciativas legislativas que deberían ser objeto de discusión separada en la Cámara. Se trata, denuncian año tras año los grupos de la oposición, de una ley 'cajón de sastre' con la que el Consell cuela toda una serie de asuntos que en muchos casos merecerían ser objeto de un debate específico y que, al ser incluidas en la Ley de Acompañamiento, escapan al trámite parlamentario habitual, de manera que no se someten a enmiendas ni a discusión pormenorizada, de forma que el Consell elude el debate político de esas cuestiones. "Es una forma de eludir el debate parlamentario" señalan tanto desde el PSPV como desde Esquerra Unida-L'Entesa. "Si hay leyes que se tienen que modificar, que se cambien cuando sea necesario, pero no tiene sentido que algunas, como la Ley de Hacienda, se toquen todos los años". La portavoz de Economía del PSPV en las Cortes, Cristina Moreno, niega que la Ley de Acompañamiento sea "necesaria", como defiende el Consell: "El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha demostrado que se pueden hacer unos presupuestos sin ley de acompañamiento".